Una agencia no siempre es la parte legalmente obligada a cumplir con accesibilidad web, pero es quien construye el sitio, quien firma los plazos de un pliego de licitación que exige WCAG 2.1 AA, y quien recibe el reclamo si algo falla después de la entrega. Conocer estas dos normas con precisión, no de forma aproximada, es parte del trabajo técnico, no un tema legal ajeno.
Esta guía profundiza en lo que ya se explicó de forma general sobre accesibilidad web obligatoria en España: qué exige cada norma punto por punto, a quién obliga exactamente, y qué pasa si no se cumple.
RD 1112/2018: qué exige, punto por punto
Entró en vigor el 20 de septiembre de 2018 y transpone la Directiva europea 2016/2102. Aplica al sector público: administraciones nacionales, autonómicas, locales, y organismos que dependen de ellas o reciben financiación pública.
Estándar técnico
Conformidad con la norma EN 301 549, que a nivel técnico converge con WCAG 2.1 nivel AA. No hay margen de interpretación sobre el nivel exigido, es el mismo estándar en toda la Unión Europea.
Declaración de accesibilidad
Cada sitio dentro del alcance debe publicar una declaración que indique el estado de cumplimiento, describa las partes no accesibles si las hay, y ofrezca un mecanismo de contacto para que cualquier usuario pueda reportar problemas concretos. No es un trámite simbólico: la declaración debe reflejar el estado real del sitio, actualizarse cuando cambia, y ser accesible ella misma.
Revisión periódica
Al menos una vez cada tres años, con informes de seguimiento enviados al ministerio correspondiente. Entre revisiones formales, la norma espera que la accesibilidad se mantenga, no que se recupere cada tres años como si fuera un examen puntual.
Integración en todo el ciclo
El Real Decreto especifica que la accesibilidad debe considerarse en el diseño, la gestión, el mantenimiento y la actualización del sitio, no solo en la entrega inicial. Para una agencia esto tiene una consecuencia directa: un sitio accesible en la entrega que deja de serlo tras actualizaciones posteriores del cliente sigue incumpliendo la norma, y la responsabilidad de ese mantenimiento suele quedar mal definida en el contrato si no se aclara desde el principio.
Ley 11/2023: qué exige, punto por punto
Publicada en el BOE el 9 de mayo de 2023, transpone la Directiva europea 2019/882 (Acta Europea de Accesibilidad). A diferencia del RD 1112/2018, obliga al sector privado.
Qué productos y servicios cubre
El anexo I de la ley detalla el alcance. Entre lo que más afecta a proyectos web y digitales:
- Comercio electrónico
- Servicios bancarios para consumidores
- Servicios de comunicaciones electrónicas (telefonía, mensajería)
- Transporte de viajeros (venta de billetes, información de viaje)
- Libros electrónicos y software específico para ellos
- Terminales de autoservicio: cajeros, máquinas expendedoras de billetes, terminales de pago
Exención de microempresas
Quedan fuera las empresas con menos de 10 empleados y una facturación anual o balance total que no supere los 2 millones de euros. Fuera de esa excepción concreta, el tamaño no exime del cumplimiento: una empresa de 15 empleados con facturación modesta ya está dentro del alcance.
Calendario y período transitorio
Entró en vigor el 28 de junio de 2025 para productos y servicios nuevos. Los que ya estaban en el mercado antes de esa fecha pueden mantenerse sin adaptar hasta el 28 de junio de 2030. Los contratos de servicio firmados antes del 28 de junio de 2025 pueden continuar sin cambios hasta su vencimiento, con un máximo de cinco años desde esa fecha, lo que en la práctica alarga el margen real para algunos proyectos hasta 2030 también por esta vía.
Exenciones de contenido específicas
Aunque un sitio esté dentro del alcance general de la ley, quedan exentos: el contenido multimedia pregrabado publicado antes del 28 de junio de 2025, los documentos ofimáticos (Word, PDF) publicados antes de esa fecha, el contenido de terceros no financiado ni controlado por la empresa, y el contenido archivado que no se actualiza después de esa fecha. Esto importa en la práctica: un blog con años de contenido no obliga a reescribir todo el histórico, solo lo que se publique o actualice desde el 28 de junio de 2025 en adelante.
Qué pasa si no se cumple
El régimen sancionador aplicable a estas infracciones está regulado en el Real Decreto Legislativo 1/2013, con multas que van de 301€ hasta 1.000.000€ según la gravedad de la infracción (leve, grave o muy grave), según el Ministerio de Derechos Sociales. Las infracciones graves pueden ir acompañadas de suspensión de ayudas oficiales o prohibición de acceder a ellas. El caso de Vueling, sancionada con 90.000€ bajo este mismo marco legal, muestra que la sanción no es teórica ni exclusiva del sector público.
Checklist rápido: qué preguntar antes de aceptar un proyecto
- ¿El cliente es una administración pública o una entidad que depende de fondos públicos? Si es así, el RD 1112/2018 aplica sin excepción ni período de gracia.
- ¿El cliente es una empresa privada con productos o servicios digitales orientados al público? Verificar primero si cae en la exención de microempresa.
- ¿El sitio o servicio ya existía antes del 28 de junio de 2025? Puede aplicar el período transitorio hasta 2030, pero conviene confirmarlo caso por caso.
- ¿El pliego de licitación o el contrato menciona explícitamente WCAG 2.1 AA o EN 301 549? Si lo hace, ese es el nivel de cumplimiento exigido contractualmente, más allá de si la ley lo exige de forma directa.
Qué debe entregar la agencia para demostrar cumplimiento
Un informe de auditoría con los hallazgos frente al estándar EN 301 549 / WCAG 2.1 AA, la remediación técnica documentada de lo encontrado, y, si el sitio cae dentro del alcance del RD 1112/2018, la declaración de accesibilidad publicada y accesible desde el propio sitio. Kalyma Studio entrega este proceso completo en marca blanca para agencias.
